“APRUEBA CONGRESO DE AGUASCALIENTES CÁRCEL POR SUMINISTRAR SUSTANCIAS ILÍCITAS SIN AUTORIZACIÓN”
Por: #AgsRadioTvNoticias
✅ Diputadas y diputados de la LXVI Legislatura avalaron reformas al Código Penal del Estado para castigar la administración subrepticia de sustancias con penas de hasta cinco años de prisión y sanciones económicas.
✅ Durante la Décima Segunda Sesión Ordinaria también se aprobaron modificaciones relacionadas con pensión alimenticia, salud mental, movilidad, protección a migrantes, igualdad sustantiva y la creación de la Ley de Escuela para Padres, Madres y Tutores.
⚖️🏛️ La LXVI Legislatura del Congreso de Aguascalientes aprobó una serie de reformas que impactarán directamente en temas de justicia, protección familiar, salud mental, movilidad y derechos humanos, destacando la creación del delito de “Administración subrepticia de sustancias”, figura legal que castigará a quienes suministren sustancias ilícitas sin consentimiento de la víctima mediante engaño o de manera oculta. 👇🏽👇🏽
La Décima Segunda Sesión Ordinaria fue encabezada por el presidente de la Mesa Directiva, diputado Rodrigo Cervantes Medina, jornada parlamentaria en la que se discutieron y avalaron diversos dictámenes relacionados con fortalecimiento institucional, igualdad sustantiva, protección de niñas, niños y adolescentes, movilidad y reformas al sistema de justicia estatal.
Uno de los momentos destacados de la sesión fue la reincorporación a las actividades legislativas de la diputada representante de los pueblos originarios, Irma Reza de la Cruz, quien regresó al Congreso luego de permanecer en recuperación tras sufrir un accidente automovilístico.
Como primer punto del orden del día, el Pleno aprobó con 26 votos el dictamen de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, iniciativa promovida por la diputada del Partido Acción Nacional, Laura Ponce, mediante la cual se reforman los artículos 36, 39 y 41 del Reglamento Interior del Poder Legislativo del Estado.
La modificación busca armonizar disposiciones internas relacionadas con la Coordinación de Comunicación Social del Congreso, debido a que actualmente se encontraba adscrita a una “comisión”, mientras que la Ley Orgánica del Poder Legislativo establece que debe depender directamente de la Junta de Coordinación Política, conocida como JUCOPO.
Posteriormente, las y los legisladores aprobaron por unanimidad el dictamen de la Comisión de Justicia referente a la reforma del artículo 131 del Código Penal del Estado, iniciativa presentada por la diputada Nancy Gutiérrez, enfocada en endurecer las sanciones contra quienes incumplan con obligaciones de asistencia familiar.
Con esta modificación, quien no proporcione alimentos podrá recibir penas de 3 años y 2 meses hasta 7 años de prisión, además del pago total de daños y perjuicios y la suspensión o pérdida de derechos familiares relacionados con la víctima.
La reforma también establece sanciones para quienes intenten evadir responsabilidades alimentarias alterando dolosamente su nombre, ingresos o domicilio, o colocándose en estado de insolvencia. En estos casos se aplicarán penas de 2 a 5 años de prisión, multas de 100 a 500 días y reparación total del daño ocasionado.
Más adelante, se avaló con 24 votos el dictamen de la Comisión de Familia y Derechos de la Niñez, iniciativa impulsada por el diputado Amisadai Castorena, que reforma diversos artículos de la Ley para la Protección Especial de las Personas Adultas Mayores del Estado.
Las modificaciones tienen como finalidad corregir errores de denominación, actualizar nombres de instituciones públicas, unificar numerales y mejorar la redacción de distintos apartados para facilitar su comprensión y aplicación.
En materia de salud pública, el Congreso aprobó con 25 votos el dictamen presentado por la diputada Beatriz Montoya para reformar el artículo 69 de la Ley de Salud del Estado, enfocado en salud mental durante el embarazo y el posparto.
La iniciativa busca priorizar la detección temprana de depresión, ansiedad y otros trastornos mentales durante la gestación y el puerperio, además de garantizar seguimiento médico oportuno para proteger tanto a las madres como a sus hijas e hijos antes y después del nacimiento.
Otro de los temas relevantes fue la aprobación con 18 votos de la Ley que crea la Escuela para Padres, Madres o quienes ejerzan la tutela, guarda o custodia del Estado de Aguascalientes, iniciativa promovida por el diputado Heriberto Gallegos Serna y respaldada por las y los legisladores Laura Ponce, Nancy Gutiérrez, Beatriz Montoya, Alma Hilda Medina, Lucía de León, Arlette Muñoz, Guadalupe Mendoza, Mirna Medina, Adán Valdivia, Emanuelle Sánchez, Amisadai Castorena y el entonces diputado Luis León.
La nueva legislación establece bases jurídicas para desarrollar mecanismos de capacitación dirigidos a madres, padres y tutores de niñas, niños y adolescentes, fortaleciendo tareas relacionadas con disciplina, provisión, cuidado y formación integral.
En asuntos de movilidad, el Pleno aprobó con 25 votos el dictamen de la Comisión de Movilidad Sustentable y Transporte, impulsado por las y los diputados Humberto Montero, Alma Hilda Medina y Omar Valdés.
La reforma modifica el Decreto Número 361 relacionado con la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado, ampliando el plazo para la instalación y operación formal de la Agencia de Movilidad del Estado de Aguascalientes.
El artículo 4 establece que dicho organismo deberá quedar formalmente instalado y registrado en un plazo no mayor a ocho meses posteriores a la entrada en vigor del decreto, garantizando además certeza jurídica en los actos administrativos necesarios para su funcionamiento.
Las y los legisladores también aprobaron con 24 votos reformas a la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas Migrantes del Estado y a la Ley Orgánica del Instituto Aguascalentense de las Personas Migrantes, iniciativa presentada por Ma. Guadalupe Mendoza, José Trinidad Romo, Ana Gómez y Rodrigo Mireles.
El objetivo de estas modificaciones consiste en establecer acciones específicas para proteger la integridad de niñas, niños y adolescentes migrantes que se encuentren sin tutor dentro de la entidad.
En materia de igualdad sustantiva y derechos de las mujeres, el Congreso aprobó con 23 votos reformas impulsadas por Arlette Muñoz, Yaszú Muñoz y Rodrigo Mireles para armonizar la legislación estatal con las reformas federales de 2024 y 2025.
Los cambios actualizan la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, fortaleciendo mecanismos relacionados con perspectiva de género, cooperación institucional y participación igualitaria en sectores de salud y cuidados.
Uno de los puntos más relevantes de la sesión fue la aprobación con 25 votos de la reforma al artículo 113 A del Código Penal del Estado para crear el delito de “Administración subrepticia de sustancias”, iniciativa presentada por Salvador Alcalá, Fernando Alférez e Irma Reza de la Cruz.
La reforma establece que cometerá este delito quien “sin el consentimiento de la víctima, administre, introduzca, suministre o aplique cualquier sustancia de manera subrepticia o mediante engaño”.
El nuevo artículo precisa que la conducta podrá realizarse por distintas vías, incluyendo oral, intravenosa, intramuscular, dérmica o subcutánea, utilizando bebidas, alimentos, objetos punzocortantes, agujas, inyecciones o cualquier otro medio.
Además, el Código Penal señala que este delito será sancionado independientemente de la finalidad con la que se lleve a cabo la conducta ilícita.
Las penas contempladas para quien incurra en este delito serán de 2 a 5 años de prisión, multas de 50 a 300 días y el pago total de reparación de daños y perjuicios ocasionados.
En la misma sesión se aprobó con 25 votos el dictamen promovido por la diputada de Movimiento Ciudadano, Daniela López, relacionado con la actualización de sanciones disciplinarias para actuarios dentro de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado.
La reforma establece que quienes incumplan sus obligaciones o realicen notificaciones fuera de las formalidades legales podrán recibir multas de hasta el treinta por ciento de su salario mensual y, en caso de reincidencia, suspensiones de hasta treinta días o incluso destitución determinada por el Tribunal de Justicia Administrativa.
Durante el apartado de asuntos generales participaron distintas diputadas y diputados presentando nuevas propuestas legislativas.
Nancy Gutiérrez presentó una iniciativa para promover programas de salud mental y apoyo psicológico dirigidos al personal docente en coordinación con la Secretaría de Salud.
Daniela López propuso reformas enfocadas en fortalecer políticas de asistencia integral para adultos mayores con diagnóstico de deterioro cognitivo.
Yaszú Muñoz expuso una iniciativa orientada a reconocer y visibilizar a mujeres artistas, promotoras y gestoras culturales, garantizando sus derechos en condiciones de igualdad.
Rodrigo Mireles planteó facultar a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes para intervenir en protestas y manifestaciones sociales mediante mecanismos de observación y monitoreo preventivo.
Lucía de León y Alejandra Peña presentaron una propuesta enfocada en respaldar a deportistas y atletas estudiantes para justificar inasistencias escolares derivadas de competencias deportivas.
Alejandra Peña también expuso un proyecto legislativo orientado al fortalecimiento de la salud mental juvenil desde el entorno familiar para prevenir casos de depresión.
Por su parte, Beatriz Montoya presentó una iniciativa de reforma al Código Civil para permitir que ciudadanos extranjeros puedan continuar procesos de divorcio aun sin contar con acta de nacimiento.
Finalmente, el presidente de la Mesa Directiva, Rodrigo Cervantes Medina, clausuró los trabajos de la Décima Segunda Sesión Ordinaria y convocó a las y los legisladores a la próxima sesión programada para el jueves 28 de mayo a las 10:00 horas en el Salón de Sesiones “Soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes”.
⚖️📋 Las reformas aprobadas durante esta jornada legislativa reflejan cambios importantes en distintos ámbitos sociales y jurídicos del estado. Las nuevas disposiciones buscan fortalecer la protección de víctimas, reforzar derechos familiares, actualizar mecanismos institucionales y brindar mayores herramientas legales para atender problemáticas que impactan directamente en la vida diaria de miles de personas en Aguascalientes.
