“EXPROPIACIÓN O DESPOJO: LA 4T ARRANCA 77 PREDIOS A PARTICULARES PARA EL TREN AIFA–PACHUCA”
Por: #AgsRadioTvNoticias
Más de 218 mil metros cuadrados fueron arrebatados a propietarios en Edomex e Hidalgo bajo el argumento de “utilidad pública”.
El decreto federal autoriza la ocupación inmediata de los terrenos y limita a los dueños a pelear solo el monto de la compensación.
Con el sello del oficialismo y el discurso de siempre, el Gobierno federal consumó una nueva expropiación masiva, esta vez de 77 predios privados, para imponer el proyecto del Tren Interurbano AIFA–Pachuca, una decisión que para muchos propietarios representa un despojo legalizado 
El 30 de diciembre de 2025, a puerta cerrada y en pleno cierre de año, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto que formaliza la expropiación de 218 mil 716.774 metros cuadrados, ubicados en municipios del Estado de México y del estado de Hidalgo, terrenos que hasta ese momento tenían dueños legítimos.
Bajo el argumento de “utilidad pública” y amparándose en los artículos 27 y 28 de la Constitución, la Federación decidió que los predios localizados en Mineral de la Reforma, Tizayuca, Tolcayuca, Villa de Tezontepec, Zempoala, Zapotlán de Juárez, Tecámac y Temascalapa, ahora pasarán a manos del gobierno para dar paso al trazo ferroviario.
El decreto es claro y duro: la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario puede ocupar de inmediato los terrenos, mientras que los propietarios quedan reducidos a aceptar una indemnización calculada por el INDAABIN, o bien, iniciar un proceso legal en el que solo pueden impugnar el monto, pero no la expropiación misma.
Aunque se afirma que la SEDATU cumplió con el procedimiento legal y la llamada “garantía de audiencia”, la realidad es que los afectados quedaron prácticamente sin margen de maniobra, enfrentando una maquinaria gubernamental que ya decidió por ellos en nombre del “progreso”.
El proyecto del Tren AIFA–Pachuca forma parte de los planes ferroviarios del actual régimen, incluidos en los compromisos nacionales 2025–2030, donde se promete construir miles de kilómetros de vías, aunque el costo social, patrimonial y humano queda relegado frente a la narrativa oficial.
El decreto también señala que si en cinco años los terrenos no se usan para el proyecto, los propietarios podrían solicitar la reversión, una promesa que en los hechos no garantiza la restitución real ni el daño económico ya causado.
Así, bajo el discurso de transformación y desarrollo, la 4T vuelve a mostrar su rostro más rudo: imponer proyectos a costa de la propiedad privada, dejando a decenas de familias y propietarios enfrentando al Estado, mientras el tren avanza… aunque pase por encima de derechos, certezas y patrimonios.
