“CONGRESO DE AGUASCALIENTES RECIBE INICIATIVA DE ARLETTE MUÑOZ PARA ENDURECER LAS SANCIONES CONTRA QUIENES DESPOJEN DE SU PATRIMONIO A PERSONAS ADULTAS MAYORES”
Por: #AgsRadioTvNoticias
✅ La Diputada Arlette Muñoz Cervantes propone incrementar hasta en una mitad las penas por fraude y abuso de confianza cuando estos delitos se cometan contra personas adultas mayores, aprovechándose de relaciones familiares, de cuidado o dependencia.
✅ La iniciativa contempla reformas a la legislación de protección a adultos mayores, al Código Civil y al Código Penal para prevenir el uso indebido de poderes notariales, documentos y firmas, así como las transferencias de bienes obtenidas mediante engaños, amenazas o manipulación.
👵🏻⚖️ ¡El patrimonio de una persona adulta mayor no debe quedar en manos de quienes buscan aprovecharse de su confianza! Casas, terrenos, ahorros y otros bienes pueden representar el resultado de toda una vida de trabajo, pero existen situaciones en las que familiares, cuidadores o personas cercanas utilizan su relación para obtener beneficios económicos indebidos. Ante esta problemática, Arlette Muñoz presentó una propuesta que busca fortalecer la protección legal y evitar que los adultos mayores pierdan sus propiedades o recursos mediante abusos. 👇🏽👇🏽
El Congreso del Estado de Aguascalientes recibió una iniciativa presentada por la Diputada Arlette Muñoz Cervantes para fortalecer la protección patrimonial, jurídica y personal de las personas adultas mayores, especialmente cuando enfrentan situaciones de engaño, manipulación, abuso de confianza o aprovechamiento de relaciones familiares y de cuidado.
La legisladora explicó que esta propuesta parte de una preocupación relacionada con las personas que, después de dedicar gran parte de su vida al trabajo y a la formación de un patrimonio, pueden encontrarse en situaciones donde terceros intentan apropiarse de sus bienes o administrar sus recursos sin respetar su voluntad.
Arlette Muñoz destacó que estas conductas no siempre ocurren mediante amenazas directas o el despojo físico de una propiedad, pues también pueden presentarse a través de documentos, firmas, poderes legales y operaciones realizadas mediante engaños o presiones.
La Diputada señaló que uno de los principales problemas es que algunas situaciones de abuso patrimonial pueden desarrollarse dentro del entorno familiar o mediante relaciones de confianza, lo que dificulta que las personas afectadas identifiquen oportunamente las irregularidades o decidan denunciarlas.
Durante su intervención, Arlette Muñoz hizo referencia a información que atribuyó al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), señalando que aproximadamente el 70 por ciento de la población adulta mayor del país enfrenta alguna forma de abuso o violencia. La cifra fue expuesta por la legisladora como parte de los antecedentes de su propuesta.
En el caso de Aguascalientes, informó que el Instituto Aguascalentense de las Personas Adultas Mayores (IAPAM) canaliza en promedio 15 casos mensuales relacionados con diferentes situaciones de vulneración de derechos.
Entre estos asuntos se encuentran el despojo de bienes, el abandono, la falta de atención y las conductas de abuso que pueden involucrar a familiares o personas encargadas del cuidado de los adultos mayores.
La legisladora consideró que estos casos muestran la necesidad de fortalecer las herramientas jurídicas para prevenir afectaciones patrimoniales y ofrecer mayores posibilidades de protección a las personas que enfrentan situaciones de vulnerabilidad.
Uno de los aspectos centrales de la iniciativa es reconocer que las personas adultas mayores conservan el derecho a decidir sobre su patrimonio, administrar sus recursos y determinar libremente el destino de sus bienes.
Por ello, Arlette Muñoz busca que la legislación establezca mecanismos específicos para proteger esa voluntad y evitar que una relación familiar, de convivencia o dependencia sea utilizada para obtener beneficios económicos sin un consentimiento libre e informado.
La propuesta contempla modificaciones a tres ordenamientos legales de Aguascalientes, con la finalidad de abordar el problema desde la prevención, la protección civil del patrimonio y las consecuencias penales de determinadas conductas.
El primer ordenamiento es la Ley para la Protección Especial de las Personas Adultas Mayores, en la que se propone ampliar el concepto de violencia patrimonial.
Actualmente, explicó la Diputada, es necesario reconocer expresamente otras formas en las que una persona puede perder el control de sus bienes, incluso cuando no existe una sustracción física de dinero, documentos o propiedades.
Por ello, la iniciativa contempla incorporar conductas relacionadas con el uso indebido de poderes, mandatos, firmas y documentos, así como actos de disposición patrimonial obtenidos mediante engaños, amenazas, presiones o manipulación.
Estas situaciones pueden presentarse cuando una persona adulta mayor firma documentos sin comprender completamente sus consecuencias, cuando alguien utiliza facultades otorgadas para administrar recursos con fines distintos a los autorizados o cuando se ejerce presión para realizar una operación patrimonial.
La propuesta busca que estas circunstancias puedan reconocerse dentro del marco de protección legal y sean atendidas mediante los procedimientos que correspondan.
Otro de los puntos importantes consiste en fortalecer el derecho de las personas adultas mayores a recibir información clara sobre los actos jurídicos que involucren sus bienes.
Arlette Muñoz considera necesario que, antes de realizar operaciones como donaciones o compraventas, las personas conozcan las consecuencias que pueden tener estas decisiones sobre sus propiedades y recursos.
También se plantea facilitar el acceso a asesoría preventiva, para que puedan tomar decisiones informadas y evitar que terceros se aprovechen del desconocimiento de los procedimientos legales.
La Diputada destacó que contar con información adecuada permite fortalecer la autonomía de las personas adultas mayores y reducir el riesgo de que acepten operaciones patrimoniales que no corresponden a su verdadera voluntad.
El segundo ordenamiento que contempla la iniciativa es el Código Civil del Estado de Aguascalientes, donde se proponen mecanismos de protección frente a actos jurídicos que generen beneficios desproporcionados para terceros.
La reforma está dirigida especialmente a situaciones en las que una persona se aproveche de la dependencia o vulnerabilidad de un adulto mayor para obtener condiciones económicas o patrimoniales indebidamente favorables.
Con estas modificaciones se busca fortalecer las herramientas legales disponibles para examinar operaciones realizadas en circunstancias de abuso, sin desconocer el derecho de las personas adultas mayores a decidir libremente sobre sus bienes.
La iniciativa también contempla modificaciones al Código Penal del Estado, con el propósito de establecer consecuencias más severas para determinados delitos patrimoniales.
En particular, Arlette Muñoz propone incorporar una protección específica frente al fraude y el abuso de confianza cuando las víctimas sean personas adultas mayores y los responsables se aprovechen de una relación cercana para cometer estas conductas.
La propuesta establece que las sanciones correspondientes a estos delitos se incrementen en una mitad, tanto en sus límites mínimos como máximos, cuando se acrediten las circunstancias previstas en la reforma.
Este aumento se aplicaría cuando exista aprovechamiento de relaciones de parentesco, cuidado, dependencia, convivencia, confianza o administración de bienes, siempre que se configuren los elementos del delito y las condiciones establecidas por la legislación.
De esta manera, la iniciativa busca reconocer que el abuso de una relación cercana puede representar una circunstancia especialmente relevante cuando una persona utiliza esa posición para perjudicar económicamente a un adulto mayor.
La Diputada explicó que la finalidad es fortalecer la respuesta legal frente a quienes obtienen recursos o propiedades mediante conductas ilícitas, particularmente cuando se aprovechan de la confianza depositada en ellos.
También destacó que la protección patrimonial no debe limitarse a la aplicación de sanciones después de ocurrido el daño, sino que resulta necesario establecer medidas preventivas para que las personas conozcan sus derechos y puedan identificar posibles situaciones de abuso.
En este sentido, la iniciativa combina disposiciones de protección especial, mecanismos civiles y agravantes penales, con el objetivo de atender diferentes circunstancias que pueden presentarse en los casos de afectación patrimonial.
Arlette Muñoz señaló que el respeto a las personas adultas mayores también implica garantizar que mantengan el control sobre sus decisiones económicas, sin que su edad o una situación de dependencia justifique que terceros dispongan de sus bienes.
La legisladora considera que las relaciones familiares y de cuidado deben desarrollarse con respeto a la autonomía de cada persona, especialmente cuando existen responsabilidades relacionadas con la administración de recursos o el acompañamiento en procedimientos legales.
Con esta propuesta, busca que las autoridades cuenten con disposiciones más específicas para identificar situaciones de aprovechamiento indebido y que las personas afectadas puedan acceder a mecanismos de defensa de sus derechos.
Es importante señalar que la iniciativa todavía debe continuar su procedimiento legislativo, por lo que los incrementos de penas y las nuevas disposiciones de protección patrimonial planteadas no representan modificaciones legales ya aprobadas.
🏛️🤝 El siguiente paso será que las comisiones correspondientes del Congreso de Aguascalientes analicen la propuesta de Arlette Muñoz Cervantes, revisen sus alcances civiles y penales y determinen las condiciones para presentarla ante el Pleno. El procedimiento permitirá definir los mecanismos de prevención, asesoría y protección que podrían incorporarse a la legislación estatal para atender posibles abusos patrimoniales contra personas adultas mayores.